Desde hace ya casi un año se empezó a hablar sobre una nueva ley de vivienda. No ha sido hasta hace unos días, en el momento en el que el Gobierno presentó esta nueva ley al Consejo de Ministro, cuando ha recibido luz verde para proseguir.

La nueva ley de vivienda tiene como objetivo fundamental regular los alquileres, así como incentivar el derecho a la vivienda a jóvenes y a las personas más desfavorecidas.

Debemos subrayar que en temas de vivienda, una materia pendiente para todos los gobiernos del país, la cual también será respaldada por esta nueva norma, es proteger las viviendas sociales. Así pues, en España disponemos de un parque de 290.000 viviendas sociales frente a un total de 18,6 millones de hogares, lo que realmente significa que solo un 1,6% están destinadas a este fin.

Cuando la nueva ley esté aprobada, las viviendas sociales del parque público de España se protegerán como patrimonio, sin que puedan someterse a ninguna operación de compraventa. El Anteproyecto dicta para ello una rigurosa regulación de estos parques públicos, con el fin de que no se vuelvan a realizar nuevas transacciones con fondos de inversión.

Así pues, la ministra de Vivienda Raquel Sánchez afirma que “es una ley garantista, que se aborda extremando el rigor jurídico, sobre todo para que no quepa ninguna duda sobre su constitucionalidad” y está plenamente convencida de que “no es un mero bien de mercado no significa que se vulnere el derecho a la propiedad”.

La vivienda asequible incentivada: una de las novedades de la ley de vivienda

La vivienda protegida es una de las novedades que plantea la nueva ley de vivienda. Pero ¿de que trata esta nueva figura: vivienda asequible incentivada? El Gobierno ha creado esta nueva figura para que junto a la vivienda protegida aumente la oferta de viviendas a corto plazo con precios accesibles.

Las viviendas de titularidad privada entrarán dentro de las viviendas asequibles incentivadas, «incluidas las entidades del tercer sector, a cuyo titular la Administración competente otorga beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler a precios reducidos, o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado”.

La ministra de Vivienda, Raquel Sánchez ha añadido que “hay supuestos en los que se aplicará y en otros supuestos se aplicará el sistema de incentivos fiscales”.

Calificación indefinida de la vivienda protegida: otra novedad de la nueva ley de vivienda

Considerando las viviendas sociales, otra novedad que propone la nueva ley de vivienda es la implantación de la calificación indefinida de la vivienda protegida, lo que significa que ciertas viviendas tendrán una garantía de 30 años como mínimo.

Así pues, se establecen unas condiciones básicas generales para aquellas viviendas protegidas afincadas en suelo calificado de reserva que se contemplan en el régimen de protección público permanente. Como ya hemos comentado, para el resto de supuestos el plazo será de al menos 30 años.

Vivienda protegida en alquiler a precio limitado: otra novedad de la nueva ley de vivienda

Dentro del suelo de reserva destinado a la vivienda protegida al menos el 50% estará destinado a la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.

También existirá la posibilidad de instaurar una reserva en suelo urbanizado del 30%, siendo las administraciones urbanísticas quienes realicen las compensaciones a las personas afectadas. Esta opción no podrá verse de ninguna manera como una obligación en las medidas de las Comunidades autónomas.

Consejo asesor de vivienda: la figura novedosa de la nueva ley de vivienda

¿Cuál es la función del nuevo consejo asesor de vivienda? Así bien esta persona garantizará la intervención de todos los representantes en la confección y desarrollo de las políticas de la nueva ley de vivienda. Esta figura de carácter técnico, asesor y consultivo estará recogida por asociaciones del tercer sector y otras de intereses afectados por la nueva ley, como pueden ser representantes de empresas y profesionales del sector financiero, así como otros expertos del sector inmobiliario, relacionados con el ámbito de la investigación o universitario.